COMUNICADO DE PRENSA
AL GOBIERNO DE MÉXICO
A LA OPINIÓN PÚBLICA
El pasado 20 de agosto del 2026 en el periódico El Sur de Acapulco leímos con sorpresa que el director general del INPI, el Lic. Adelfo Regino Montes, anda solicitando un voto de confianza a los pueblos originarios https://suracapulco.mx/impreso/1/pide-adelfo-regino-voto-de-confianza-a-consulta-para-crear-la-ley-general-de-pueblos-indigenas/ ante la andanada de críticas recibidas al contenido de la Propuesta de Iniciativa de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos. Hay varios posicionamientos al respecto, de los cuales ratificamos lo siguiente. Con todo respeto para el Lic. Adelfo, le decimos que desde su llegada, no ha cambiado absolutamente nada de la añeja política indigenista implantada en México y lejos quedamos de la esperanza de establecer una nueva relación entre los pueblos originarios y el estado, en donde este, a nombre y siempre con la pretensión de uso de los pueblos sigue abrogándose la forma en la creen debemos vivir y accesar a nuestros derechos; también le decimos que usted ha sido un ferviente promotor de proyectos neoliberales en los cuales ha utilizado su mal llamado derecho a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado para gestar el despojo del territorio a cientos de comunidades, entre ellas, pero no sólo, del sur-sureste de México (parques eólicos, Tren Maya y Transístmico, entre otros) y, por si fuera poco, traicionó la confianza que los pueblos depositamos en usted durante el proceso que derivó el “Los Acuerdos de San Andrés”.
Por otra parte, las y los integrantes del Concejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio (CRAADET), de los pueblos originarios Mè’phàà y Na Savi que habitamos las comunidades en las regiones de Montaña y Costa Chica del estado de Guerrero, queremos manifestar nuestra postura ante la Propuesta de Iniciativa de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos.
1.- El estado mexicano sigue teniendo reservas, prudencia y miedo para que los pueblos originarios logremos tener plenitud en el ejercicio de todos nuestros derechos inherentes en prácticamente dos temas centrales y trascendentales: la libre determinación al que consideramos nuestro derecho matriz, y el Territorio que en sí mismo es un derecho fundamental, porque sin alguno de ellos o sin los dos, el resto de nuestro derechos, que están interconectados, se desvanecen. Para que ello suceda el estado mexicano es timorato y rehúye una y otra vez declare abierta y plenamente que México debe ser un estado PLURINACIONAL y dejar en el pasado los clásicos artilugios nacionalistas de que avanzamos mucho si nos consideramos una nación pluricultural, multiétnica y plurilingüe. Si vamos a hablar de derechos hagámoslo de forma contundente, sin discriminación ni racismos, porque lo planteado en la ley sigue siendo de tipo colonialista en donde nos van “dando” derechos de forma parcial, aunque en los discursos se presuman como grandes logros. Hablemos de la nación Mè’phàà, la nación Na Savi, la nación Afrodescendiente, la nación Náhuatl, la nación Ñomndaa, etc. Sin asimetrías, con igualdad, sin discriminación con derecho propio de facto y no simulado, eso es tan sólo una pequeña parte de lo que significaría plantear la plurinacionalidad, por lo tanto, sin ella, la oferta estatal de la propuesta nos orilla a discutir “demagógica y democráticamente” derechos fragmentados, inelegibles y siempre con la fuerza que puede tener sobre el derecho de un pueblo indígena el “derecho” del bien e interés público que a simple vista, tal como se platea en el artículo 333 de dicha propuesta, sabemos desde hace siglos significa el sacrificio nuestro para el bienestar del resto de la nación.
2.- Nos han hecho creer que la CONSULTA Y EL CONSENTIMIENTO, PREVIO LIBRE E INFORMADO sea un derecho. Nosotros afirmamos que desde la aparición de ese falso derecho tanto en La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, como en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ha sido utilizado en todo el mundo, incluyendo México, para provocar confusiones al mismo tiempo que genera condiciones para legitimar e incluso legalizar el despojo de los bienes naturales de los pueblos originarios, además de también haber sido útil para imponer zonas de sacrificio muy del agrado de las proyecciones neoliberales que este gobierno dice combatir, pero siempre bajo “la interpretación de un tercero” se ratifica el beneficio supremo del orden público, interés social y la famosa observancia general en todo el territorio nacional. En CRAADET no aceptamos que se nos consulte o se nos pida el consentimiento cuando el estado o un proyecto de la iniciativa privada tenga pretensiones de instalarse en nuestro territorio con elocuentes regalos de progreso y desarrollo para imponer procesos que están orientados para dañar parcial o totalmente alguno o algunos de nuestros derechos. Nos parece que pedir una consulta o un consentimiento a costa de daños de otros derechos acordando pagos de compensación o de restitución de daños es por decir lo menos ofensivo. Cabe señalar un ejemplo concreto del mal uso de la consulta y el consentimiento, es el realizado en el contexto de la Propuesta de Iniciativa de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, porque violenta varios principios descritos en el artículo 6to de la misma.
3.- La Propuesta de Iniciativa de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos parece un buen manual para seguir estimulando leyes concurrentes en México. Es decir, el acceso a nuestros derechos colectivos depende de los actos de la federación, del estado y del municipio, por lo tanto, la propuesta no abona a resolver esa eterna problemática de la fragmentación normativa en la que vivimos, a la que se suma el peso del control político de los partidos y las instancias de poder político. Basta señalar un ejemplo muy común; no es lo mismo ser indígena en Oaxaca que en Guerrero, justo porque las condiciones políticas son marcadamente diferentes. Por ejemplo, en el Congreso Estatal de Oaxaca aproximadamente la mitad de las y los legisladores son de algún pueblo originario, lo que incrementa la posibilidad de establecer normas y reglamentos más cercanos a los pueblos, mientras en Guerrero no llegan a más de tres integrantes. Evidentemente si el acceso a derechos colectivos depende de mecanismos democráticos sin igualdad y equidad, los resultados serán diferenciados. La Propuesta de Iniciativa de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos plantea posturas y conceptos, pero no aborda procesos, ni formas, ni reglas, dejando de responsables a “los estados y municipios” en donde las permanentes luchas partidistas datan de una larga experiencia en la cual, no pocas veces, incluso acabamos con actos regresivos de derechos en la constitución estatal.
4.- Es un despropósito que una instancia con tan poca legitimidad como el INPI, sea quien se abrogue el derecho de avalar el ejercicio de los derechos de un pueblo, ni tampoco se trata de crear un ente que con legitimidad haga lo propio. En la misma línea cae el dictamen de improcedencia en casos de consulta y consentimiento, al que se suma también además del INPI, la secretaria de gobernación.
5.- El contenido de la Propuesta está muy lejos de ser un proceso para la construcción de una nueva relación entre los pueblos originarios y el estado mexicano, en donde las históricas asimetrías entre ambos puedan ser superadas.
6.- Nos espanta el desdibujamiento dentro de la propuesta en cuanto al TERRITORIO se refiere, ya que para nosotros es un derecho fundamental e intrínseco a la misma vida y permanencia de nosotras y nosotros como pueblos. Nada se menciona sobre la nueva territorialización encabezada por grupos del crimen organizado que están asumiendo no sólo el control del territorio y los bienes naturales, sino que además se están apropiando de las estructuras de gobernanza que tenemos, de tal manera que, asumir que la Propuesta de Iniciativa de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicano engrandece nuestra condición de derechos es un falso supuesto.
Cerramos diciendo que no participaremos en legitimar esta Propuesta de Iniciativa de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos porque muestra claramente nuevas vías para instrumentar el despojo de nuestro territorio y los bienes naturales que lo integran, limita nuestra acción para establecer arduos procesos basados en la libre determinación como proceso permanente orientada fortalecer nuestros procesos de autonomía y pretende una clara utilización política de nuestros pueblos para legitimar algo incorrecto. La Propuesta de Iniciativa de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos establece claramente que será el estado quien siga abrogándose la forma en la que pretendan regular nuestros derechos, porque contribuye a sostener la política indigenista lo cual evita la construcción de una nueva relación entre los pueblos originarios y el estado.
