Desde la Red Mexicana de Afectados y Afectadas por la Minería (REMA) expresamos nuestra solidaridad con el Pueblo Garífuna de Honduras y con la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), que durante décadas ha sostenido la defensa de sus territorios y que desde el 10 de agosto, mantiene el campamento “Por la Vida del Pueblo Garífuna” frente a la Corte Suprema de Justicia en Tegucigalpa.
Acompañamos especialmente a las comunidades de Cayos Cochinos y San Juan, que enfrentan amenazas de desalojo, criminalización y restricciones sobre su territorio donde se encuentra el mar y las relaciones culturales, productivas y espirituales construidas alrededor de él. Su protección es indispensable para garantizar la identidad, la alimentación y la permanencia de las comunidades como pueblo.
En noviembre de 2025, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) declaró responsable al Estado hondureño por violaciones a los derechos de la Comunidad Garífuna de Cayos Cochinos y reconoció afectaciones derivadas de la gestión del área protegida, además de estas sentencias se encuentran otras que el pueblo Garífuna ha impulsado a favor de su territorio.
En este territorio existen intereses empresariales vinculados directamente con México. Fundación Azteca Honduras, presentada como el brazo social de Grupo Salinas en ese país, participa en la Sociedad de Inversiones Ecológicas S.A. (SIEC), propietaria de terrenos en el archipiélago y relacionada con su aprovechamiento privado.
Grupo Salinas, encabezado por Ricardo Salinas Pliego, concentra negocios en sectores como banca, comercio, medios de comunicación y energía, con presencia en México y otros países de la región. A través de sus distintas empresas ha construido una amplia capacidad económica y territorial con intereses diversificados y capacidad para intervenir en proyectos que dependen del acceso, control y aprovechamiento de territorios y bienes naturales. En México, el mismo grupo participa también en proyectos energéticos mediante Grupo Dragón, proyectos mineros en el estado de San Luis Potosí, entre otros.
La comunidad Garífuna de San Juan también tiene una sentencia favorable de la Corte-IDH de 2023, reconociendo su territorio ancestral en el municipio de Tela, en la costa norte hondureña. Sin embargo, una empresa turística vinculada a la familia Rosenthal Hidalgo, parte de la élite hondureña, ha querido acaparar estas tierras. Ante los esfuerzos de la comunidad de San Juan de recuperar su territorio ancestral, hubo un intento de desalojo violento e ilegal el 6 de julio de este año. Desde ese entonces, cinco miembros de la comunidad están siendo criminalizados, acusados de usurpación y otros delitos, y siendo sometidos a una jurisdicción de criminalidad organizada. El campamento de la OFRANEH ante la Corte Suprema de Justicia exige el cierre inmediato de este proceso penal y el respeto por las sentencias de la Corte-IDH a favor de las comunidades de San Juan, Cayo Cochinos, además de Triunfo de la Cruz y Punta de Piedra.
Lo que ocurre en Honduras se relaciona con un modelo de expansión empresarial que conocemos en México y en otros países de nuestra región, donde grandes inversiones avanzan sobre territorios colectivos y las comunidades terminan obligadas a defender derechos que deberían haber sido garantizados antes de cualquier intervención. La trayectoria de OFRANEH frente a proyectos turísticos, agroindustriales, energéticos y extractivos ha mostrado durante décadas las consecuencias de las políticas que colocan intereses privados por encima de las decisiones colectivas sobre la tierra y el territorio.
Desde REMA nos unimos a la exigencia al Estado hondureño de cumplir integralmente las sentencias de la Corte Interamericana, garantizar el derecho del Pueblo Garífuna a la tierra y al territorio, respetar su identidad y su autodeterminación, y detener inmediatamente la persecución penal de los 5 de San Juan, además de cualquier otra acción de criminalización contra integrantes de OFRANEH y las comunidades que defienden Cayos Cochinos, San Juan, y demás territorio Garífuna. Nos unimos a la denuncia sobre el SIEC, Fundación Azteca Honduras, Grupo Salinas y a las empresas relacionadas con actividades económicas y audiovisuales en el archipiélago por no respetar los derechos colectivos del Pueblo Garífuna.
Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería
