La Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA) participamos en el II Seminario “Esta Tierra Tiene Dueño: Territorios Indígenas Libres de Minería”, realizado del 20 al 22 de octubre de 2026 en Luziânia, Goiás, Brasil, bajo la coordinación de la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB) y organizaciones aliadas.
Este encuentro permitió compartir experiencias y fortalecer los vínculos de solidaridad entre pueblos y organizaciones de América Latina que defendemos la autodeterminación y el derecho a decidir sobre nuestros territorios. Desde la REMA compartimos a continuación, de manera íntegra, la carta final del seminario, que recoge el posicionamiento y las exigencias de los pueblos indígenas de Brasil y del ¿encuentro?, el cual respaldamos y difundimos.
Carta Final del II Seminario “Esta tierra tiene dueño: Territorios indígenas libres de minería”
Brasilia, 24 de octubre de 2026
Nosotros, líderes representantes de los pueblos indígenas de todas las regiones de Brasil y de las siete organizaciones regionales de la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB) — COIAB, APOINME, Consejo del Pueblo Terena, Aty Guasu, Comisión Guarani Yvyrupa, ARPINSUDESTE y ARPINSUL —, reunidos en Brasilia del 20 al 22 de octubre de 2026, en el II Seminario “Esta Tierra Tiene Dueño: Territorios Indígenas Libres de Minería”, realizado bajo la coordinación de nuestra organización nacional, la APIB, y de instituciones aliadas, indigenistas y socioambientales, venimos a manifestar públicamente nuestra posición.
Conocemos el proceso histórico y el contexto en el que se debaten los intereses de sectores empresariales, corporaciones nacionales e internacionales y organismos del Estado respecto a la explotación de nuestros territorios, principalmente mediante la minería ilegal y la minería industrial. Somos conscientes de las graves amenazas que se ciernen sobre nosotros y que ya afectan directamente nuestras vidas y nuestra integridad física, cultural y espiritual.
Por eso, afirmamos: los territorios indígenas son territorios de vida, espiritualidad y futuro, para nosotros y para toda la humanidad. No son productos destinados a la explotación, la acumulación y el lucro, ni objetos que puedan ser mercantilizados. Esta carta es la voz colectiva que se levanta desde la tierra, las aguas, los bosques y las voces de nuestros pueblos frente a la ofensiva extractivista que amenaza a Brasil y al planeta.
Nuestros pueblos defienden un proyecto democrático de país, cuya soberanía comienza con territorios demarcados y protegidos. Por eso, reivindicamos la demarcación de todas las tierras indígenas hasta 2030. En oposición, enfrentamos un proyecto entreguista que, a pesar de la obligación constitucional de demarcar y proteger nuestros territorios, promete no demarcar ni un centímetro de tierra indígena y abrir nuestras tierras a la minería y al agronegocio, repitiendo una lógica neocolonial de entregar al Norte Global la naturaleza que nosotros preservamos y defendemos.
1. Nuestros territorios no están en venta: autodeterminación y soberanía de los pueblos
La Constitución Federal de 1988 garantizó el reconocimiento de nuestros derechos fundamentales, elevados a la categoría de cláusulas pétreas, reconociéndonos como sujetos políticos, con identidad diferenciada, protagonistas desde siempre de nuestro propio destino y titulares de derechos originarios sobre nuestras tierras y territorios, base material y espiritual de nuestra existencia (artículo 231).
Respaldados por esta garantía constitucional, reafirmamos nuestra determinación de hacer valer el ejercicio del principio de autodeterminación, que nos permite reiterar: nuestros territorios no están en venta. No son espacios vacíos ni mercancías disponibles para cualquier negociación a espaldas de nuestros pueblos o emprendimiento que solo interese al capital, pasando por encima de la legislación nacional y de los tratados internacionales, como el Convenio núm. 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Nosotros decidimos sobre nuestro propio proyecto de vida. La autodeterminación es el derecho a definir nuestro buen vivir, gobernar nuestros territorios conforme a nuestras propias normas y decidir qué cabe y qué no cabe en ellos. No es un favor ni una concesión del Estado. Nuestra soberanía nace de los pueblos y de los territorios: no puede dividirse entre la superficie y el subsuelo, porque la tierra, las aguas, los minerales y los modos de vida que allí se sostienen conforman un único territorio de vida.
2. Un proyecto de muerte: genocidio, etnocidio y ecocidio
Somos conscientes y jamás olvidaremos que las relaciones del Estado y de las élites con nuestros pueblos siempre han estado marcadas por prácticas abiertas o encubiertas de genocidio, etnocidio y ecocidio, como parte de un proyecto de muerte cuyo objetivo es nuestra extinción, para profundizar el saqueo, el despojo y la usurpación de nuestros territorios y de las riquezas que nuestros ancestros y nosotros hemos preservado para el buen vivir de las generaciones presentes y futuras, la integridad de nuestros pueblos y nuestra relación armoniosa con la Madre Naturaleza.
Esta relación es fundamental para enfrentar las actuales crisis que afectan a la humanidad y al planeta: ambiental, climática, alimentaria, hídrica, civilizatoria y espiritual.
Hoy, este proyecto adopta la forma de una nueva carrera global por minerales críticos y estratégicos y tierras raras, como el litio, el potasio, el cobre, el níquel y el niobio. Bajo el discurso de la sostenibilidad, reaparece la lógica neocolonial: el Sur Global se convierte en una zona de sacrificio, y los costos ambientales, socioculturales y espirituales de la llamada “transición verde” se trasladan a nuestros territorios, con el objetivo de explotar las entrañas de la Tierra en nombre de la salvación climática y destruir a los pueblos que durante siglos han protegido los ecosistemas vitales del planeta.
3. Lo que ya nos afecta: violencia, contaminación y amenazas a nuestro carácter sagrado
Este proyecto de muerte está en marcha y ya afecta gravemente a nuestros pueblos y comunidades: la violencia de milicias, fuerzas de seguridad y organizaciones criminales; la persecución y los asesinatos; el envenenamiento y las enfermedades provocadas por los agrotóxicos y el mercurio; la degradación ambiental y la destrucción de nuestros lugares sagrados, donde nuestros ancestros siguen presentes.
Perdemos constantemente a nuestros líderes y lideresas, cuyos asesinos nunca son procesados, juzgados ni condenados.
Las mujeres indígenas, nuestras hermanas y parientas, son víctimas de cáncer. Nuestros niños y niñas ya nacen con deformaciones. Los integrantes de nuestras comunidades enfrentan enfermedades de la piel y respiratorias, entre otros impactos. Entre las mujeres Munduruku, estudios y relatos comunitarios señalan niveles elevados de mercurio en la sangre, abortos espontáneos y contaminación de la leche materna. En Itaituba y Jacareacanga, en el estado de Pará, hombres y adolescentes indígenas fueron rescatados de condiciones análogas a la esclavitud vinculadas a la minería ilegal.
Para nuestros pueblos, nuestros territorios no son yacimientos: son lugares sagrados, huellas vivas del origen del mundo y de la historia de cada pueblo. Donde el sector minero ve minerales, nuestros pueblos ven origen, memoria y vida.
La explotación minera de un lugar sagrado jamás podrá ser mitigada ni compensada: significa la destrucción de una cosmología que no puede recuperarse. Lo sagrado no es un factor más que deba ponderarse en los procesos de licenciamiento ambiental; es nuestro patrimonio geoespiritual y la base de nuestro derecho a decir no.
Dicen que las tierras indígenas son ricas y nuestros pueblos son pobres; que la minería traería inclusión social y desarrollo; y que regularla ayudaría a combatir la minería ilegal. Ningún pueblo es pobre por proteger su tierra. Lo que nos empobrece es la destrucción provocada por la minería ilegal y la minería industrial, la omisión del Estado a la hora de garantizar el protagonismo indígena en la protección y gestión territorial y la violencia histórica del sistema económico capitalista.
La minería no es inclusión: es dependencia, contaminación y desestructuración comunitaria.
4. Consulta: no aceptamos trampas, exigimos el derecho a decir no
No permitiremos que todo esto continúe. Tampoco aceptaremos que los poderes del Estado y del capital utilicen mecanismos abiertos o encubiertos para convencernos, como la cooptación de integrantes de nuestros pueblos, la intimidación, la criminalización, la división interna de nuestras comunidades y la realización de consultas ficticias, llevadas a cabo fuera de nuestros propios protocolos y sin posibilidad de rechazo.
Consideramos estas prácticas una trampa transitoria destinada a permitir que, finalmente, los emprendimientos se instalen en nuestros territorios.
Reafirmamos nuestro derecho a la posesión y al usufructo exclusivo de nuestros territorios y al consentimiento libre, previo e informado (Constitución, artículo 231; Convenio núm. 169 de la OIT, artículos 6 y 7). También defendemos nuestros Protocolos Autónomos de Consulta como instrumentos legítimos de autodeterminación.
No rechazamos la consulta: rechazamos su falsificación. Una consulta que no admite el no es una formalidad para legitimar una decisión ya tomada. La consulta verdadera es el derecho a decidir, y decidir incluye el derecho a decir no.
Sin embargo, este derecho no viene siendo garantizado por los poderes del Estado. El Congreso Nacional aprobó la Política Nacional de Minerales Críticos y Estratégicos sin consultarnos y también creó un Grupo de Trabajo para reglamentar la minería en tierras indígenas.
Por su parte, el Supremo Tribunal Federal (STF) estableció un plazo de 24 meses para que el Congreso reglamente la explotación minera en nuestros territorios.
Nadie nos consultó sobre si las tierras indígenas deben ser explotadas mediante la minería, y ahora solo nos invitan a debatir de qué manera se llevará a cabo. Nuestra respuesta a la pregunta que nunca nos hicieron es no: declaramos nuestros territorios libres de minería.
5. Exigimos respeto a nuestras instituciones, autoridades y autonomía
Exigimos, por lo tanto, que el Estado y quienes controlan el capital respeten nuestros derechos garantizados por ley, así como nuestra autonomía, nuestras instituciones y nuestras autoridades políticas, jurídicas, sociales y espirituales, en las cuales siempre hemos deliberado sobre los caminos que nos han traído hasta aquí.
No aceptamos que el Estado, las élites nacionales y sus aliados imperialistas sigan considerándonos simples vestigios del pasado, ciudadanos de segunda categoría, obstáculos para el llamado progreso y el desarrollo económico y, por ello, personas que deben ser removidas a cualquier costo.
6. Territorios indígenas libres de minería, por decisión de los propios pueblos
Ante esta situación, afirmamos que los pueblos indígenas tienen el derecho de declarar sus territorios libres de minería y de extractivismo depredador.
Esta declaración es un acto propio de cada pueblo, adoptado por sus propias instancias de decisión, de acuerdo con sus costumbres, normas y protocolos.
No necesita autorización. No depende de una ley reglamentaria ni de una decisión judicial, ni tiene que esperar por ellas.
Ningún proyecto de ley legitima el derecho de quien pretende explotar mediante la minería lo que no le pertenece, y ninguna sentencia puede quitarle a un pueblo el derecho a declarar que su territorio no será explotado mediante la minería.
La reglamentación o la decisión judicial pueden, como máximo, reconocer lo que el pueblo ya ha decidido; no crean ni extinguen derechos originarios.
La soberanía nace del territorio y de quienes lo habitan. Y lo sagrado que existe en él no se negocia.
Convocamos a nuestros pueblos y organizaciones a hacer públicas estas declaraciones: adoptadas en asambleas, de acuerdo con los procesos propios de deliberación de cada pueblo y registradas en la forma que cada uno considere adecuada, ya sea mediante actas, protocolos de consulta, planes de vida o tradición oral, y comunicadas a los organismos públicos, las empresas y los organismos internacionales.
Exigimos que sean respetadas como expresiones válidas de la voluntad colectiva, sin condicionar su reconocimiento a que estén formalizadas por escrito.
7. Los derechos que exigimos y las economías que defendemos
Exigimos también que se respete nuestro derecho a la autodeterminación y a vivir en nuestras tierras y territorios, y seguimos luchando por la garantía efectiva de los siguientes derechos:
i. Derecho a la vida, para nuestras generaciones presentes y futuras;
ii. Derecho a la tierra y al territorio, debidamente demarcados, homologados y protegidos, como base material e inmaterial de nuestra existencia y patrimonio geoespiritual;
iii. Derecho a la posesión y al usufructo exclusivo de nuestra tierra y de sus riquezas, protegidas durante milenios por nuestros ancestros;
iv. Derecho a perpetuarnos como pueblos con identidad y cultura diferenciadas, frente al individualismo y a los instrumentos ideológicos que llegan desde afuera para romper nuestras tradiciones y nuestras prácticas de vida colectiva;
v. Derecho a hablar o recuperar nuestras lenguas y nuestra literatura oral, así como a preservar nuestros sistemas de conocimiento en los ámbitos de la educación, la salud, la medicina ancestral, la agroecología, el medio ambiente, las distintas manifestaciones artísticas y los modos de producción económica;
vi. Derecho a ser respetados como ciudadanos en igualdad de condiciones con los demás grupos sociales, sin racismo, discriminación ni prejuicios de ningún tipo;
vii. Derecho a ejercer la autodeterminación y nuestra autonomía, que nos permitan gestionar nuestras vidas y nuestro bienestar económico, político y social, libres de falsas soluciones, ya sean las llamadas economía verde y transición energética, o cualquier otra forma de explotación y depredación de nuestros territorios. Exigimos políticas de Estado estructurales, permanentes y dignas, orientadas a garantizar nuestros derechos fundamentales reconocidos por la Constitución Federal y los tratados internacionales de los que Brasil es signatario.
Decir no a la minería y a los proyectos extractivistas significa decir sí a otro proyecto de futuro.
Frente a la dependencia, nuestros pueblos fortalecen sus diversas economías: chacras tradicionales, sistemas agroforestales, semillas propias, manejo de la sociobiodiversidad, artesanía y cadenas productivas comunitarias.
La agroecología genera ingresos sin sacrificar las aguas, los bosques y el suelo. Garantiza la soberanía alimentaria y mantiene las decisiones en manos de las comunidades.
Donde la minería extrae los recursos y se va, la agroecología regenera y permanece.
Por eso, exigimos que el Estado reconozca y financie estas economías, mediante asistencia técnica culturalmente adecuada, créditos y compras públicas adaptados a las comunidades, protección de las semillas tradicionales y fortalecimiento de la protección y gestión territorial y ambiental indígena.
Quien dice querer incluir a los pueblos indígenas debe comenzar por apoyar los proyectos que los propios pueblos eligen.
8. Finalmente: vigilantes y unidos por territorios libres de minería
Declaramos que permaneceremos vigilantes, trabajando por nuestra unidad interna en defensa de nuestras vidas y territorios, con el objetivo de garantizar a nuestros pueblos un futuro mejor, en el contexto de un país verdaderamente democrático, plural y justo.
Lo que está en disputa no es solamente el subsuelo, sino el modelo de país y de mundo que queremos construir.
No hay soberanía nacional sin soberanía de los pueblos y de los territorios indígenas.
Esta tierra tiene dueño. ¡Estamos unidos por Territorios Indígenas Libres de Minería!
Desde la REMA nos hermanamos con los pueblos indígenas de Brasil y de toda América Latina que defienden la vida en sus territorios y ejercen su derecho a la autodeterminación. Queremos seguir en diálogo, compartiendo estrategias y aprendizajes que fortalezcan nuestras luchas por territorios libres de minería.
Todo nuestro reconocimiento y solidaridad con la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB) y las organizaciones aliadas que hicieron posible este encuentro.
